El Puente Chacao es una megaobra que divide a los habitantes del archipiélago de Chiloé. Quienes están a favor ven progreso, mientras que sus detractores ven invasión. Algunos ponen en la balanza factores económicos y, otros, argumentos socioculturales. Sin embargo, a pesar de las diferentes posturas y argumentos respecto al proyecto, hay un punto en que todos coinciden: no hubo participación ciudadana, a los chilotes no se les preguntó adecuadamente su opinión respecto al puente.
En una encuesta preliminar hecha para este reportaje, de un total de 251 encuestados, un 76,1% cree que no se consultó adecuadamente la opinión de los habitantes del archipiélago. Además, 220 encuestados declararon no haber recibido información sobre los costos y beneficios de este proyecto. También, la encuesta reveló que quienes se encontraban más informados, obtenían el conocimiento del proyecto a través de la prensa y redes sociales, no desde fuentes gubernamentales.
Antecedentes de consultas
El primer antecedente que se tiene sobre un proceso de participación ciudadana se encuentra en el Informe Técnico del Estudio de Impacto Ambiental, específicamente, en su octava sección. En este informe, se detallan las actividades complementarias desarrolladas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), los procesos de Participación Ciudadana (PAC), en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y las observaciones ciudadanas recibidas.
Las actividades complementarias del MOP se realizaron paralelamente y de forma independiente al Estudio de Impacto Ambiental entre mayo y junio de 2001. Estas actividades consistieron en entrevistas y talleres durante los procesos de Participación Ciudadana Temprana, involucrando a 364 actores (habitantes de catorce localidades entre Pargua y Quellón, municipios y organismos de gobierno).
Por su parte, el proceso de Participación Ciudadana correspondiente al SEIA, se llevó a cabo desde marzo de 2002 hasta mayo de 2003 y se dividió en tres etapas: focalización, apresto y una discusión ciudadana. En la primera etapa, los municipios de Chiloé y la Gobernación Provincial, resolvieron realizar dos reuniones, una con el consejo municipal de cada comuna involucrada (incluyendo Calbuco y Maullín) y, otra, con dirigentes sociales y vecinales de las comunas.
